Informe realizado por el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, diciembre 2022
El control migratorio en territorio mexicano está basado en un enfoque de seguridad nacional, que se apoya en el avance de la militarización. La asignación de tareas de control y verificación migratoria a la Guardia Nacional en 2019 da cuenta de la postura de la actual administración en materia de política migratoria. En el mismo sentido, la designación de perfiles militares en al menos 18 de las 32 representaciones de la Delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en los estados.
Las acciones de control migratorio en 2022 se han caracterizado por la respuesta improvisada, arbitraria y discrecional del Estado Mexicano, principalmente en la frontera sur, donde se concentran las líneas de contención establecidas en el Plan Migración y Desarrollo. En marzo de este año, tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tapachula, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, mencionó públicamente que las personas podrían realizar sus procesos administrativos migratorios en las distintas delegaciones de la región, sin embargo, al acudir a ellas, las autoridades encargadas de las oficinas desconocían dicha instrucción, y negaron la atención a las personas o de manera arbitraria y con tratos diferenciados hacia las distintas poblaciones, otorgaron discrecionalmente Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) y Formas Migratorias Múltiples (FMM).
El presente documento pretende mostrar de qué manera se han agudizado las violencias institucionales y de otros actores contra personas migrantes y solicitantes de refugio en México, a partir de un análisis de las prácticas y política migratoria discrecionales, arbitrarias y restrictivas de los derechos de las personas en movilidad, que pretenden dar respuesta a la llegada de miles de personas como consecuencia de la pobreza, la violencia, y otros factores estructurales que obligan a las personas a desplazarse.
