Crean grupo de trabajo entre autoridades y sociedad civil para atender a población refugiada en México.

Comunicado de Prensa Washington D.C. – 17 de marzo de 2017

Crean grupo de trabajo entre autoridades y sociedad civil para atender a población refugiada en México.

  • El Gobierno mexicano se compromete a establecer un espacio de diálogo abierto entre autoridades vinculadas a la agenda de asilo y a actores de la sociedad civil para desarrollar propuesta que mejore la atención a la población refugiada en México.
  • En 2016, 91.6% de las solicitudes de asilo recibidas en México fueron presentadas por personas del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), quienes se ven obligadas a huir de la violencia y la persecución.

El día de hoy se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera audiencia sobre los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en México, a petición de Asylum Access México, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Programa de Derechos Humanos, el Programa de Asuntos Migratorios y la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, la Casa del Migrante de Saltillo, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Servicio Jesuita a Migrantes México y Sin Fronteras IAP, –a la luz de los retos y obstáculos que aún debe atender el Estado mexicano a fin de garantizar el derecho al asilo, tanto en sus aspectos procedimentales como los relativos a la integración local de las personas refugiadas.

En el marco de esta audiencia el Gobierno mexicano se comprometió a establecer un espacio de diálogo abierto entre autoridades vinculadas a la agenda de asilo y a actores de la sociedad civil para desarrollar propuestas que mejoren la atención a la población refugiada en México. Las organizaciones e instituciones participantes celebramos esta propuesta y buscaremos detectar áreas de mejora y fortalecimiento en los procedimientos, que abarcan, desde la identificación de solicitantes hasta los procesos de integración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos brindará acompañamiento, a través de su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes.

Es importante mencionar que, en el año 2016, 91.6% de las solicitudes de asilo recibidas en México fueron presentadas por personas del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), quienes se ven obligadas a huir de la violencia y la persecución. Cada vez más las familias refugiadas que huyen de estos países manifiestan ver 2 a México como un país de destino y no como un país de tránsito, lo que requiere, en el corto plazo, asegurar condiciones adecuadas para recibir y atender a esta población. Lamentablemente entre el 2013 y el 2016 sólo el 30% de las y los solicitantes fueron reconocidos como refugiados.

En este contexto, hay grupos de personas que están siendo especialmente afectados: niñas y niños acompañados y no acompañados en riesgo de ser reclutados por las maras y otras organizaciones criminales; dueños y empleadores de pequeños y medianos negocios (quienes sufren extorsión); testigos de crímenes graves; personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI); mujeres, entre otros, que huyen principalmente de las maras, frente a la incapacidad y/o falta de voluntad de sus gobiernos para ofrecerles protección.1

A pesar de dicha situación, la respuesta del gobierno mexicano ha sido reforzar su estrategia de seguridad interna y externa, a partir de un enfoque que no ha sido compatible con un enfoque de derechos humanos. Lejos de diseñar e implementar un programa de “Fronteras Solidarias y Seguras”, como lo establece la Declaración del Plan de Acción de Brasil, y a pesar de la creciente necesidad de protección a personas provenientes de Centroamérica y de otras partes del mundo, el Estado mexicano sigue privilegiando una política de detección, detención y expulsión expedita al país de origen de las personas en situación migratoria irregular.

Aún prevalecen diversos retos para que las personas refugiadas puedan acceder al procedimiento de asilo con debido proceso y sigue sin implementarse una política pública de integración local para que quienes sí son reconocidos puedan acceder a derechos económicos, sociales y culturales, en lugar de permanecer en la precariedad.

Por otro lado, para aquellas personas que logran ser reconocidas como refugiadas o con la Protección Complementaria, al día de hoy, México no ha tomado medidas suficientes para brindar la asistencia institucional que, por ley, le corresponde. Ante tal abandono, reanudar una vida normal resulta para un refugiado un reto inmenso. Los programas de gobierno no han estado a la altura de los grandes problemas en cuanto acceso y garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Y ello se debe a que esos contados programas públicos son aislados y, algunos de ellos, apenas coyunturales. Esto no está logrando poner fin al ciclo del desplazamiento para el refugiado, sino al contrario: lo está obligando a buscar protección, de nuevo, en otro país.

En esta oportunidad las organizaciones civiles e instituciones universitarias que participamos en estas audiencias, solicitamos de manera urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente:

  • Exhortar al Estado mexicano a integrar inmediatamente a la población refugiada y beneficiaria de protección internacional dentro de los planes, programas y proyectos sociales en igualdad de condiciones; así como a la creación de políticas públicas de integración específicas para población refugiada, que incluyan metas e indicadores claros y verificables, que permitan evaluar niveles de inclusión social, cultural y económica. Igualmente implementar mecanismos de seguimiento y evaluación, donde se incorpore la participación y liderazgo en la conducción de dependencias como Desarrollo Social, Trabajo y Salud, en cumplimiento a las obligaciones establecidas por los acuerdos SEGUNDO y TERCERO del Decreto de creación del órgano intersecretarial denominado Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
  • Exhortar a los Estados Unidos Mexicanos, a otorgar la protección más amplia de los derechos fundamentales, conforme a los estándares internacionales a los solicitantes de asilo, específicamente el derecho al ingreso al territorio nacional y no devolución mediante herramientas de identificación de perfiles de perfiles de personas con necesidad de protección internacional y el derecho a la libertad individual, particularmente en zonas de frontera, por parte de todas las autoridades facultadas para efectuar detenciones migratorias. Para la consecución de este fin proponemos la implementación de la Herramienta para identificar la vulnerabilidad diseñada por la Coalición Internacional contra la Detención.

FIN

Link para ver el documento final presentado a la CIDH.

Mayor información

Mavi Cruz Tel: 01 962 11 830 72

Mail: comunicacion@cdhfraymatias.org

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Paulo Martínez Cel: 5585646558

pmartinez@sinfronteras.org.mx

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DÍA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura Ciudad de México y Tapachula – Chiapas. México.

26 de junio de 2017

En el marco de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el Programa de Derechos Humanos y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, junto al Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula – Chiapas, consideramos preocupante que pese a los avances legislativos, se mantiene en México un alarmante incremento de denuncias de casos de tortura bajo un contexto de absoluta impunidad y abandono de las víctimas. Si bien la perpetración de tortura en México afecta a amplios sectores de la población, subrayamos la necesidad de poner la mirada en la situación de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas como víctimas de este flagelo.

Cabe recordar que muchas personas necesitadas de protección internacional que llegan a México, han huido de sus países de origen por haber sido víctimas de tortura. Resulta especialmente preocupante la situación de violencia social y política de carácter estructural que se padece en El Salvador, Guatemala y Honduras, principales países de origen de las personas solicitantes de asilo en México.

Una vez que las personas cruzan la frontera hacia México, son asaltadas, agredidas, violadas, secuestradas y extorsionadas en su camino. Muchas personas violentadas devienen en casos de desaparición forzada o reclutamiento forzoso por parte de grupos criminales. El control fronterizo y migratorio que ejerce el Estado mediante una multitud de cuerpos armados, se realiza en condiciones de abuso del uso de la fuerza. Quienes son capturados y detenidos en estos controles, son posteriormente internados en centros de detención migratoria (denominadas en México “estaciones migratorias”) en donde soportan condiciones de privación de libertad carentes de garantías jurídicas, sufren agresiones físicas y psicológicas, aislamiento, falta de atención médica y defensa legal, entre otras muchas violaciones a sus derechos humanos.

Es necesario señalar que estos hechos infringen graves sufrimientos a la persona a nivel físico como psico-emocional, y en muchas ocasiones son causados con la clara intencionalidad de castigar, humillar, hostigar, intimidar, o coaccionar la deportación de las personas migrantes y solicitantes de asilo. También es patente el papel de funcionarios públicos en estos hechos, por acción, omisión y tolerancia. Todos estos elementos permiten tipificar los hechos como casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Finalmente, estas personas víctimas de tortura, –que a menudo son además solicitantes de asilo, víctimas de trata, niñas, niños o adolescentes, personas LGBTTTI, o pertenecientes a otros grupos en situación especialmente vulnerables– son deportadas y devueltas a la violencia de la que huyeron, en violación del principio de no devolución contemplado tanto en la legislación mexicana como en las Convenciones contra la tortura (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes), las cuales son de obligado cumplimiento para el Estado mexicano.

Desde el Programa de Derechos Humanos, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y el CDH Fray Matías exigimos que se tomen de manera urgente las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También exhortamos al gobierno mexicano a que se adopten los mecanismos necesarios para su implementación en la lucha contra la tortura de las personas migrantes y refugiadas en México, y se contemple la atención integral para la rehabilitación de las víctimas.

Confiamos también en la intervención del Sistema de Naciones Unidas a través del Comité Contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Relator Especial sobre Tortura y otros órganos, para exigir al Estado mexicano medidas de prevención y no repetición, así como de reparación a las víctimas.

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura México, 26 de junio de 2017

Universidad Iberoamericana

Programa de Derechos Humanos

Programa de Asuntos Migratorios

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC

Personas en detención migratoria en México

Informe de la Misión de Monitoreo a Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM) es un órgano de carácter consultivo y de apoyo, cuyo objetivo es emitir opiniones, brindar asesoría y proponer acciones específicas en materia de política migratoria en México. El Consejo sirve como una plataforma de diálogo formal para facilitar la interlocución de la sociedad civil organizada, la academia y otros sectores en aras de proponer mejoras que se traduzcan en el bienestar de la población migrante mexicana y extranjera. Sesiona 4 veces al año y está conformado por 13 consejeros miembros.

Antecedentes Durante la 4ª Sesión Ordinaria del Consejo del año 2015, se determinó por medio del acuerdo CC/INM/73/NOVIEMBRE/15, llevar a cabo una misión de monitoreo de estaciones migratorias y estancias provisionales del INM con el objetivo de poder generar estrategias adecuadas que permitan al Consejo Ciudadano hacer trabajo de incidencia y emitir recomendaciones al INM mediante la evaluación de la normatividad migratoria y su aplicación desde la detención de las personas migrantes, las condiciones de vida y el debido proceso durante el tiempo que permanecen bajo custodia del INM en las estaciones migratorias y estancias provisionales, hasta la deportación o salida para su regularización migratoria en México. Para esta tarea se convocó a OSC que están representadas en el Consejo y a otras ubicadas sobre alguna de las cuatro rutas de la investigación, además de algunos miembros de la academia y profesionales1.

Este proyecto de monitoreo resulta estratégico para las OSC y demás actores interesados en provocar cambios estructurales en el trato y las condiciones de detención de las y los cientos de miles de hermanos en situación migratoria irregular que intentan cruzar o llegar a México con el deseo de superación y mejorar sus condiciones de vida pero también de proteger su vida, libertad y seguridad ante los altos índices de violencia en los países de la región y de otros continentes.

Principales hallazgos  Existe una práctica sistemática de verificación y privación de libertad de personas que carecen de documentación migratoria regular en todo el país, que se materializan en operativos constantes realizados por el INM y otros cuerpos de seguridad. Estos operativos son justificados por razones de seguridad. Sin embargo, en los expedientes no aparece base legal detallada para llevarlos a cabo.  En cuanto a la base legal para la detención o aseguramiento de personas migrantes indocumentadas, encontramos lagunas legales en el procedimiento. En los más de 100 expedientes revisados, el fundamento legal de la detención fue la mera referencia a la Ley de Migración y su Reglamento, sin referencia expresa a circunstancias concretas o criterios que llevaron a la verificación de una persona u otra. No existe revisión de estas actuaciones de ninguna autoridad ajena a la migratoria entre el momento de la interceptación de la persona y su posterior puesta a disposición en un centro de detención.

1Instituto para las Mujeres en la Migración, Clínica Jurídica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana, Dignidad y Justicia en el Camino, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Voces Mesoamericanas, Iniciativa Kino, Asylum Access, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, El Pozo de Vida, Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, Fundación Sertull, Casa del Migrante Saltillo, investigadora Martha Luz Rojas Wiesner, investigadora María Auxiliadora Moreno Valenzuela, Claudia León Ang, Liliana Souza y Ana Argotte.

E

 En todos los centros visitados encontramos que el procedimiento administrativo migratorio está orientado prioritariamente a la deportación o retorno. La mayoría de los 122 entrevistados dijo no haber recibido información, no haberla entendido o haber recibido un mensaje implícito de no tener posibilidad de permanecer en México, aún en los casos de víctimas de delito grave en México y aquellas en necesidad de protección internacional.  La mayoría de las personas detenidas desconocía sus derechos y no tenía conocimiento de los procedimientos, plazos, posibilidades, alternativas y los efectos en su persona. Tal desconocimiento era causa de gran ansiedad.  En cuanto a las condiciones en los centros de detención, la revisión del SICATEM confirmó que el hacinamiento es una constante, particularmente en los concentradores. Por otro lado, el sistema de resguardo de pertenencias personales no es fiable ni eficiente para los detenidos, dada la recurrencia de robos y extorsiones por medio de la extracción de sus teléfonos celulares.  En relación con la salud física de los migrantes detenidos, los padecimientos más recurrentes son: gripe, tos y dolor de garganta (20%), dolor de cabeza (20%), enfermedades gastrointestinales con síntomas como diarrea y vómito (10%), dolores de dientes y muelas (7%), hipertensión (2%) y diabetes (2%). La mayoría de las personas enfermaron a consecuencia de su estancia en los centros, debido a condiciones precarias o porque fueron contagiadas ahí.  Respecto a la salud mental, la mayoría de los detenidos presentó algún nivel de ansiedad y de depresión, más del 30% en un nivel crítico. El inicio o agudización de los síntomas se relacionan con la experiencia vivida durante el operativo de control, la violencia en su país o en México y las condiciones de la detención, incluyendo la falta de información.  El INM (SEGOB) ha firmado convenios de colaboración con Secretarías de Salud en 24 estados, pero sólo en el centro de Puebla, el servicio médico es proporcionado por personal del sector de salud pública. Ello representa un detrimento en la calidad y la gama de los servicios que el sistema público de salud ofrece en general y que no están disponibles en los centros de detención.  Un problema generalizado es la falta de protocolos de actuación del personal médico y psicológico, lo que impide la detección de enfermos, en particular víctimas de delito, violencia sexual o de tortura. Encontramos insuficiente personal médico (en relación al número de detenidos), falta de equipamiento y abastecimiento de materiales y medicamentos en la mayoría de los consultorios médicos.  Sobre el acceso de las OSC a los centros de detención migratoria, el marco normativo que lo regula resulta restrictivo y arbitrario pues omite la posibilidad de su ingreso a puestos de frontera y garitas, además, prohíbe el acceso a áreas de alojamiento y las limita a un área para las visitas. Los criterios para aprobar solicitudes de acceso no son transparentes. La autoridad puede denegar o cancelar el acceso sin mediar argumento alguno. No hay previstos cauces para recurrir estas decisiones. Muchos centros no son monitoreados.

Recomendaciones y acciones de seguimiento

En el informe se recomienda instaurar al Consejo Ciudadano del INM como órgano facultado y capacitado para promover, mediante la creación de un órgano de monitoreo externo, la participación de las OSC en el monitoreo de centros de detención migratoria; para coadyuvar en la autorización de su ingreso, evitar la discrecionalidad y asegurar mayor transparencia. Finalmente, tras los resultados del monitoreo, el CCINM se ha planteado dar un seguimiento más puntual a tres temas que considera prioritarios dada su relevancia y gravedad como consecuencia de la detención de las personas migrantes: el debido proceso en detención, el acceso a la información para el ejercicio efectivo de derechos y servicios y, la salud física y mental. Convocamos a las OSC, académicos y voluntarios a sumar esfuerzos en este nuevo reto que afrontaremos juntos en favor de las personas migrantes en México y la región. Para más información visite los sitios web de las organizaciones arriba citadas o escriba a presidencia.ccinm@gmail.com.