¿Cómo trabajar en el Sur de México con protección de derechos laborales?

Lanzamos campaña para informar a quienes desean realizar un trabajo temporal en el sur de México, sobre cómo obtener la tarjeta de trabajador fronterizo y conocer sus derechos para evitar fraudes.

Campaña que estamos lanzando en conjunto con la OIT, el Gobierno de México y el Gobierno de Guatemala.

Los materiales también los tenemos impresos en castellano,  mam, k’iche y kaqchiquel y estamos iniciando su distribución por toda la región. Si alguien está interesado/a puede contactarnos para compartirlos.

Criminalización de mujeres migrantes

Análisis de seis casos en la frontera sur

En diciembre de 2013, en el marco de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que cada año ingresa a territorio mexicano, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Prami) tuvo conocimiento de la situación de un grupo de mujeres migrantes recluidas en el Centro de Reinserción Social Femenil no. 4, en Tapachula, Chiapas, acusadas de trata de personas y otros delitos afines. En septiembre de 2014, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Prami elaboró el informe “Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México. Otro destino trágico”, a raíz del cual se solicitó el apoyo del Centro Prodh para intervenir jurídicamente en los casos. Luego de la integración del Programa de Derechos Humanos de la Ibero (pdh) en mayo de 2015, se realizaron diversas reuniones y comunicaciones para evaluar las capacidades para continuar y fortalecer la documentación de los casos. Así, a principios de 2016 se acordó presentar al grupo de mujeres en cuestión la propuesta de realizar un informe que sirviera de plataforma para la denuncia e incidencia. Cabe destacar que en el primer trimestre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova se unió formalmente a esta iniciativa para de esta forma fortalecer el análisis de los casos en un contexto de frontera y apoyar la documentación y denuncia como un actor local. Previo a ello, facilitó el espacio de sus instalaciones para tener reuniones con las mujeres que estaban en libertad. El objetivo general de este proyecto ha sido documentar el conjunto identificado de casos de mujeres criminalizadas por delitos asociados a la trata de personas, recluidas en el Centro de Reinserción Social Femenil no. 4 en Tapachula, Chiapas.

A lo largo de los distintos apartados que integran este informe, se podrá tener un acercamiento a las experiencias de seis mujeres, la mayoría migrantes. Se parte del contexto que impera en la frontera sur de México para de ahí conocer la forma en que ellas han sido víctimas de numerosas formas de violencia a lo largo de sus vidas, agravadas por una serie de violaciones a derechos humanos producto de su criminalización. El informe retoma sus testimonios, así como la información técnico-legal sobre sus procesos penales; asimismo, permite conocer las historias de afrontamiento y valentía con que han sobrellevado y reivindicado su dignidad.

 

 

 

EL ESTADO MEXICANO DEBE CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN MÉXICO

  • Dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y los Organismos Públicos de Derechos Humanos mexicanos en materia migratoria y de protección internacional debe ser una prioridad.

Ciudad de México, 18 de diciembre de 2017 – El 18 de diciembre del 2000, la Organización de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de las Personas Migrantes con la finalidad de reconocer su aporte al desarrollo de los países, así como concientizar a la sociedad sobre la importancia y los retos que enfrenta la población migrante en el mundo. Contrario a ello, avanzan marcos normativos y políticas violatorias a derechos humanos, racistas y xenófobas en la región, se hace cada vez más evidente la externalización de las fronteras, y se han incrementado actos de criminalización en contra de la población migrante.

Desde el año 2014, se incrementó el éxodo de familias centroamericanas que salen de sus países por el recrudecimiento de la violencia; la pobreza y la marginación en sus lugares de origen. En este sentido, México es visto cada vez más como un país de destino, retorno y no sólo de tránsito. Estas situaciones obligan a diseñar y aprobar marcos normativos y políticas públicas, inclusive a nivel regional, con presupuestos aprobados; acordes a las necesidades de esta población, y que garanticen el acceso a derechos y evitar actos de discriminación, negativa u obstrucción en el acceso a la justicia y reparación del daño, así como a derechos como el de la identidad legal, la educación, trabajo en condiciones justas y equitativas, salud, vivienda digna y alimentación, entre otros.

Las políticas públicas deben estar armonizadas con instrumentos internacionales de protección a derechos humanos, como la Ley de Migración con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se encuentra en el Senado desde hace más de 3 años que busca, entre otras cosas, garantizar el Interés Superior de la Niñez, la no discriminación y la unidad familiar, así como la no detención de la niñez y adolescencia migrante en estaciones migratorias. Según estadísticas del Instituto Nacional de Migración de enero a octubre de este año, se registraron 14,678 eventos de niñas, niños y adolescentes privados de libertad en estaciones migratorias y 12,892 eventos de “devoluciones”.

En materia de acceso a la justicia, en concordancia con las recomendaciones del Comité de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés), llamamos a las y los impartidores de justicia a garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia para las personas migrantes, solicitantes de asilo y de protección complementaria en todo el país, así como garantizar la reparación del daño y las garantías de no repetición.

Además, es preciso hacer modificaciones a nivel legislativo y de implementación de marcos normativos para que la privación de libertad de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, en la región sea una medida excepcional y no la regla, bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, en consideración a las circunstancias específicas de cada caso, y la evaluación de medidas alternativas que tengan un menor impacto en la salud física y emocional de la persona detenida.

Vincular el tema migratorio al de seguridad nacional, no sólo criminaliza a las personas migrantes, sino que se obstaculiza el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, que realizan acompañamiento, documentación y defensa de esta población, máxime cuando se encuentra detenida en estaciones migratorias, un enfoque que además de violatorio de derechos humanos se ha mostrado fallido para acometer sus propias metas.

Es preciso generar e incrementar los mecanismos reales de transparencia y rendición de cuentas, en el actuar y el uso de recursos asignados al Instituto Nacional de Migración (INM); así como el incremento de recursos, financieros y humanos, en la administración y control de los diversos flujos migratorios.

Finalmente, nos preocupa que con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior se incrementarán y legalizarán las verificaciones y detenciones migratorias por parte del Ejército y la Marina, instancias que han sido denunciadas por violaciones graves a derechos humanos inclusive de personas migrantes. Estas acciones no contarán con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo cuál contribuirá a que estos actos violatorios a derechos humanos queden en la impunidad. Además, las revisiones a casas de migrantes, centros de derechos humanos y albergues podrán realizarse sin ningún tipo de orden judicial, poniendo en riesgo no sólo la seguridad y la vida de las personas migrantes, muchas de ellas víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos, sino también de personas defensoras de derechos humanos.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria[1]. Aldeas Infantilies SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la MigraciónIniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.;INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre MigraciónINSYDE Instituto para la Seguridad y la DemocraciaM3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAPSJM MéxicoServicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría técnica.

 

Datos de contacto.

Melissa A. Vértiz Hernández

Secretaría Técnica

gtpoliticamigratoria@gmail.com 

Móvil. +52 (55) 23 98 64 83

[1] El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) es una red conformada por personas, organizaciones y albergues sensibilizadas y especializadas en temas de movilidad humana, derechos humanos, género, infancia, acceso a la información y transparencia. Desde su creación ha trabajado en la construcción de marcos normativos y de política pública en materia migratoria, que deje atrás el paradigma de vincular el tema migratorio con el de seguridad nacional y/o seguridad pública, colocando como eje central el respeto y acceso a derechos humanos de la población migrante y de sus familiares.