Designación de Francisco Garduño en la SEP: un nombramiento que cuestiona la justicia, la memoria y la reparación del daño para personas migrantes

• Nos oponemos tajantemente a que altos funcionarios, señalados por ejercicio ilícito del servicio público, evadan sus obligaciones pendientes.
• Este nombramiento profundiza la desconfianza en las instituciones y sienta un precedente al normalizar la falta de rendición de cuentas y el olvido institucional.

Las organizaciones articuladas en el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur manifestamos nuestra indignación y rechazo ante la designación de Francisco Garduño Yáñez como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta decisión, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada por el titular de la SEP, Mario Delgado, no es un simple cambio administrativo, es un acto que perpetúa la impunidad histórica que ha caracterizado la respuesta del Estado mexicano ante graves violaciones a derechos humanos. Con esta designación, las instituciones premian la negligencia y la evasión de responsabilidades, al tiempo que ignoran deliberadamente el sufrimiento de las víctimas.

A casi tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 personas migrantes, el proceso penal contra Garduño, entonces titular del Instituto Nacional de Migración (INM), permanece abierto. Su nombramiento en un cargo público de alto nivel constituye, por tanto, una recompensa a la falta de rendición de cuentas. Lejos de asumir las consecuencias de su gestión al frente del INM durante los hechos, Garduño es ahora beneficiado con un nuevo cargo. En un contexto como el actual, en que su proceso penal permanece abierto, la designación de Garduño en un nuevo cargo no puede leerse de forma aislada. La ausencia de información pública suficiente y de explicaciones claras sobre esta decisión alimenta una percepción de protección política, o al menos de tolerancia institucional frente a la falta de rendición de cuentas.

Consideramos este nombramiento como una burla para las víctimas y sus familias, quienes aún esperan justicia. Para las personas sobrevivientes y familiares, esta designación ahonda el dolor y consolida la desconfianza en un Estado que, mediante opacidad y silencios institucionales, incumple sus obligaciones¹. Las medidas de reparación ordenadas, como la disculpa pública y las compensaciones, no se han cumplido de forma integral.

Este caso sienta un peligroso precedente y genera las condiciones para que hechos similares sigan sucediendo, al normalizar el olvido institucional frente a una tragedia en la que la justicia sigue siendo un pendiente. Rechazamos tajantemente que altos funcionarios, acusados por ejercicio ilícito del servicio público eludan sus responsabilidades pendientes y, en su lugar, sean premiados con su permanencia en cargos públicos en otras instituciones.