PRIVACION INDEFINIDA DE LIBERTAD Y VIOLACION DE DERECHOS, PERSISTEN EN EL CENTRO DE DETENCION PARA MIGRANTES DE TAPACHULA, ANTE LA MIRADA Y COLABORACION DE FUNCIONARIOS ESTADOUNIDENSES

Las personas detenidas en este centro, junto a estos hechos tan graves, a diario viven situaciones de hostigamiento, abusos y violaciones al debido proceso, para poder hacer efectiva la política criminalizadora del Estado mexicano de control, detención y deportación de personas migrantes y solicitantes de asilo1 y que no considera las causas de la migración como variadas y complejas. Un lugar de encierro en donde personal del CDH Fray Matías ha podido constatar la presencia de funcionarios del gobierno estadounidense despachando en sus oficinas, sin que nadie de explicaciones de la razón de su presencia.

SENTENCIA JUDICIAL EN MÉXICO CONCEDE LA CONDICIÓN DE REFUGIADOS A UNA FAMILIA SALVADOREÑA

la 6ª Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa anula la resolución negativa de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), determinando que M. Ángel G., su pareja K. Y.  P. y su hijo de un año, de nacionalidad salvadoreña, sí acreditaron el temor a ser perseguidos en su país de origen y que la alternativa de huida interna en su país no es posible. Aunque dicha resolución fue impugnada por la COMAR, finalmente el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha ratificado hace unos días la resolución, concediéndoles la condición de refugiados.

PABLO ES PUESTO EN LIBERTAD TRAS 385 DÍAS DE DETENCIÓN EN EL CENTRO PARA MIGRANTES DE TAPACHULA

PABLO ES PUESTO EN LIBERTAD TRAS 385 DÍAS DE DETENCIÓN

EN EL CENTRO PARA MIGRANTES DE TAPACHULA

 

  • El Instituto Nacional de Migración desiste de la deportación de Pablo P., joven salvadoreño de 23 años, solicitante de refugio, y decide dejarle en libertad tras un año y 20 días de detención en la llamada “Estación Migratoria Siglo XXI” de Tapachula.
  • Sin embargo, Pablo no es reconocido como refugiado y queda en territorio mexicano en una situación indeterminada, sin protección y con un futuro muy incierto.

Pablo

Tapachula, Chiapas – México, 18 de febrero de 2016

El pasado sábado 6 de febrero, tras 385 días de privación de libertad en el centro de detención para migrantes de Tapachula, el joven salvadoreño Pablo J.P.M. fue liberado por decisión del Instituto Nacional de Migración (INM), que desistió del intento de deportación a su país.

 

Pablo, originario de El Salvador con 23 años de edad, se vio forzado a salir de su país en enero de 2015 para salvar su vida, amenazada por el crimen organizado. Pablo llegó a territorio mexicano, huyendo para buscar un lugar seguro, a causa de la persecución sufrida en su país y se convirtió así en una persona solicitante de refugio. Una vez en México, Pablo fue identificado por agentes migratorios el 17 de enero de 2015 y llevado al centro de detención de Tapachula, llamado “Estación Migratoria Siglo XXI”.

 

Pablo intentó acogerse a la condición de refugiado, solicitando este derecho ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), pero la COMAR denegó su solicitud el 15 de abril de 2015 y esto obligó a Pablo a recurrir judicialmente la decisión para evitar ser deportado.

 

Finalmente, el 6 de febrero de 2016 el INM decidió resolver el caso con un oficio de salida del centro de detención, donde se le ofrece una compleja y lenta posibilidad de regularizarse por razones humanitarias. Por lo tanto, Pablo no ha sido reconocido y protegido como refugiado y sus opciones de legal estancia en México, si consigue todos los documentos necesarios para regularizarse, se limitan a un año de tarjeta de residencia sin derecho a trabajar y no renovable por la misma causa.

Más información

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

(+521) 962 642 50 98 / 118 30 72

www.cdhfraymatias.org

https://www.facebook.com/CDHFrayMatias

Acción urgente a favor de la liberación de Pablo: https://goo.gl/JsPGqo

Interceptación personas elegibles para protección internacional

El impacto del Programa Integral de la Frontera Sur en la movilidad humana

El despliegue del PIFS desde un enfoque de seguridad en  las políticas de gestión migratoria, y la ausencia de un enfoque de derechos humanos en estas políticas, se plasma fundamentalmente en los siguientes efectos:

 

  • El aumento sustancial del control a través de la multitud de cuerpos de seguridad que se coordina para ello en la región, aumenta dramáticamente el riesgo de caer en una verificación y en detención para las personas que cruzan la frontera en situación irregular. De hecho las cifras de detención y por lo tanto de deportación se han incrementado drásticamente (ver anexo), con énfasis en los estados afectados directamente por el PFS.
  • Dicho aumento del control provoca un regreso a antiguas rutas migratorias clandestinas. Se perciben nuevos puntos ciegos para cruzar, nuevos caminos y hasta rutas marítimas, que dispersan el flujo de personas y hacen su tránsito más peligroso y costoso. La ruta marítima es relativamente poco utilizada por sus elevados coste y peligrosidad. De hecho, tanto el precio de los traficantes como el precio de la extorsión de las autoridades se han incrementado.
  • La dispersión de las rutas migratorias se percibe también en el descenso de la llegada y estancia de las personas migrantes y refugiadas en los albergues preparados para su acogida, a medida que estos están más alejados de la frontera.
  • Se ha constatado por lo tanto el aumento de los delitos hacia las personas migrantes tanto por parte del crimen organizado como por parte de agentes de los diversos cuerpos de seguridad. Estos crímenes incluyen fundamentalmente robo, extorsión, desapariciones, trata de personas, lesiones y detención ilegal. Se constatan de este modo violaciones al derecho a la propiedad privada, a la vida, a la integridad física a la libertad personal.
  • Se identifica una correlación entre el aumento de operativos de verificación a cause del PFS y el aumento de crímenes contra personas migrantes, dándose un solapamiento en el mapa de las regiones con mayor presencia de control y mayor criminalidad.
  • En lo relativo a la detención, persisten y empeoran las garantías, el trato y las condiciones de estancia de las personas detenidas en las estaciones migratorias y otras estancias destinadas a la privación de libertad de personas migrantes y solicitantes de refugio: ausencia de debido proceso, malos tratos, abusos, deficiente alimentación y atención en salud física y mental (ver Informe “Derechos Cautivos”).
  • Se percibe un aumento de la presión hacia las personas solicitantes de refugio que pasan su procedimiento en detención, en forma de hostigamiento por parte de agentes de inmigración para que desistan de su solicitud y acepten su deportación.