Interceptación personas elegibles para protección internacional

El impacto del Programa Integral de la Frontera Sur en la movilidad humana

El despliegue del PIFS desde un enfoque de seguridad en  las políticas de gestión migratoria, y la ausencia de un enfoque de derechos humanos en estas políticas, se plasma fundamentalmente en los siguientes efectos:

 

  • El aumento sustancial del control a través de la multitud de cuerpos de seguridad que se coordina para ello en la región, aumenta dramáticamente el riesgo de caer en una verificación y en detención para las personas que cruzan la frontera en situación irregular. De hecho las cifras de detención y por lo tanto de deportación se han incrementado drásticamente (ver anexo), con énfasis en los estados afectados directamente por el PFS.
  • Dicho aumento del control provoca un regreso a antiguas rutas migratorias clandestinas. Se perciben nuevos puntos ciegos para cruzar, nuevos caminos y hasta rutas marítimas, que dispersan el flujo de personas y hacen su tránsito más peligroso y costoso. La ruta marítima es relativamente poco utilizada por sus elevados coste y peligrosidad. De hecho, tanto el precio de los traficantes como el precio de la extorsión de las autoridades se han incrementado.
  • La dispersión de las rutas migratorias se percibe también en el descenso de la llegada y estancia de las personas migrantes y refugiadas en los albergues preparados para su acogida, a medida que estos están más alejados de la frontera.
  • Se ha constatado por lo tanto el aumento de los delitos hacia las personas migrantes tanto por parte del crimen organizado como por parte de agentes de los diversos cuerpos de seguridad. Estos crímenes incluyen fundamentalmente robo, extorsión, desapariciones, trata de personas, lesiones y detención ilegal. Se constatan de este modo violaciones al derecho a la propiedad privada, a la vida, a la integridad física a la libertad personal.
  • Se identifica una correlación entre el aumento de operativos de verificación a cause del PFS y el aumento de crímenes contra personas migrantes, dándose un solapamiento en el mapa de las regiones con mayor presencia de control y mayor criminalidad.
  • En lo relativo a la detención, persisten y empeoran las garantías, el trato y las condiciones de estancia de las personas detenidas en las estaciones migratorias y otras estancias destinadas a la privación de libertad de personas migrantes y solicitantes de refugio: ausencia de debido proceso, malos tratos, abusos, deficiente alimentación y atención en salud física y mental (ver Informe “Derechos Cautivos”).
  • Se percibe un aumento de la presión hacia las personas solicitantes de refugio que pasan su procedimiento en detención, en forma de hostigamiento por parte de agentes de inmigración para que desistan de su solicitud y acepten su deportación.